La reforma de la Justicia

Es uno de los temas estrella del momento, parece que por fin los políticos están dispuestos a encarar una de las asignaturas pendientes de nuestra historia reciente. Los aconteceres y efectos de ala reciente huelga de funcionarios, el triste caso de la niña Mari Luz, presuntamente asesinada por quien debería llevar tiempo cumpliendo condena, las noticias sobre juzgados anegados por montañas de expedientes acumulados son realidades que han provocado la alerta roja.

El problema de la Justicia no es menor; es un poder del Estado, pero sobre todo, se trata de poner remedio a la frustración de tantos ciudadanos que acuden en busca de solución a problemas frecuentemente graves y suelen encontrar ineficacia, retrasos y desengaños. Los protagonistas del tema solemos hablar de falta de medios, y es cierto, no se trata de un recurso que suena a cantinela, sino de una verdad sonrojante: solamente con que se hubiera invertido en esto la mitad de lo dedicado a hacer funcionar la Agencia Estatal de Administración Tributaria, seguro que las cosas irían muchísimo mejor, pero ya se ve que en este país a quienes gobiernan les resulta más urgente recaudar que distribuir con eficacia el derecho que a cada uno corresponde.

Pero nos engañaríamos si pensáramos que todo se arregla con inversiones, porque hay otras cosas que corregir. En los Juzgados se trabaja con criterios y formas completamente obsoletos; es urgente una reforma de la oficina judicial, en la que se aporten criterios de racionalidad, orden y eficacia, que permitan controlar tanto la calidad del trabajo como la utilidad del mismo. Nunca me han parecido justas las críticas indiscriminadas a un grupo profesional, y en cuanto a los funcionarios de Justicia se refiere, tengo un profundo respeto a muchos a los que veo trabajar con responsabilidad, pero salta a la vista que es preciso romper moldes en muchos aspectos, desde el cumplimiento riguroso y controlado del horario hasta la exigencia de un servicio inmediato, permanente y amable al ciudadano.

Desde el Ministerio se habla de voluntad de hacerlo, pero yo soy escéptico; y lo soy porque llevo muchos años observando cómo cada gobierno solamente ha intentado arrimar el ascua a su sardina, cómo las leyes se promulgan o bien como errática reacción a los vaivenes, no siempre equilibrados, de la opinión pública o, aún peor, a impulsos del más lamentable sectarismo. El espectáculo ofrecido con la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en una penosa demostración de politización de la Justicia de la que son responsables por partes iguales gobierno y oposición. Dudo mucho, y siento hablar así, que las decisiones en esta materia se tomen al dictado de las verdaderas necesidades de la Administración de Justicia, al menos si tenemos en cuenta la trayectoria de los últimos años, incluyendo aquellos en los que gobernaban otros equipos políticos.

Y en esta tema tendríamos que seguir hablando de muchas otras cuestiones, como el fenómeno de los juicios paralelos, donde con no poca frecuencia se intuyen escondidas pretensiones de manipulación e influencia en las decisiones de los tribunales, a los que no se deja trabajar con la discreción y la independencia indispensables, y no estoy hablando, precisamente, de limitar la libertad de información: en materia de Justicia, por supuesto, luz y taquígrafos.

Tampoco es cuestión secundaria la utilización del Derecho y la Justicia como vehículo al servicio de ideologías y opiniones personales; y es que no han faltado quienes se han servido del entramado judicial para usarlo como laboratorio de experimentación, como púlpito difusor de doctrina o como simple plataforma de proyección personal.

Pero hoy no queda ni tiempo ni espacio para más: otro día seguiremos informando.